En el discurso global sobre justicia transicional, Nicaragua es tratada como un caso divergente porque el imperativo ético de justicia y reconciliación no fue tomado en cuenta después de la derrota electoral sandinista de 1990. Partiendo del debate semántico sobre la idea de la 'superación del pasado', el artículo contrasta las dos transiciones nicaragüenses (1979 y 1990), identificando los factores que influyeron en la aplicación u omisión de medidas de justicia transicional. La justicia transicional revolucionaria, después del triunfo de 1979, fue caracterizada por el establecimiento de Tribunales Especiales que sirvieron para castigar a los miles de somocistas, sobrepoblando los centros de detención. En el marco de la segunda transición -la derrota electoral sandinista de 1990- no se aplicaron medidas de justicia transicional. En ambos casos, la política de pacificación se caracterizó por el enfoque en el desarme de los combatientes y por la ausencia de la víctima. Más allá del concepto de justicia transicional, el artículo hace hincapié en el reto de una elaboración hegeliana del pasado mediante la cual las lecciones históricas podrían ser transmitidas a las generaciones futuras.