摘要：La reciente firma del Acuerdo sobre Víctimas en la Habana el pasado 15 de diciembre de 2015 por parte del Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pone de presente una vez más la difícil tensión entre los propósitos por lograr una coexistencia pacífica y las exigencias normativas relacionadas con el deber de rendir de cuentas por parte de quienes han cometido graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.Pero, además, presenta un reto adicional: la posibilidad de articular los principios de justicia restaurativa y de justicia transicional.
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