摘要：En Colombia el sector del transporte terrestre automotor ha crecido exponencialmente a tal magnitud que tanto la estructura, la actividad y las ganancias generadas han tenido que ser objeto de estudio e intervención por parte del Estado, al punto de elevar tal servicio a la categoría de público esencial, en aras de conciliar los intereses generales y privados en juego.La situación fáctica reseñada en el párrafo anterior, ha permitido que el Estado refuerce de forma vigorosa su intervención a través de la potestad sancionatoria de la administración, que no es otra cosa que una función de control estatal mediante la cual el Estado sanciona aquellas conductas que atentan contra los cometidos estatales propugnados por la Constitución Política de 1991 y las leyes que desarrollan y regulan el servicio público esencial del transporte terrestre automotor. Sin embargo, el ejercicio de esta potestad sancionatoria encuentra como contrapeso el respeto al debido proceso de los investigados y sancionados, lo que obliga al Estado a respetar unos procedimientos, principios y contenidos que en forma de límites permiten que sus decisiones sean ajustadas a derecho.Pese a la aparente claridad conceptual reseñada, existe un importante vacío doctrinal y desarrollo unificado sobre el tema, que ha llevado por la vía jurisprudencial a que la Corte Constitucional Colombiana, en adelante la Corte, y el Consejo de Estado Colombiano, en adelante el Consejo, logren una caracterización que merece una esquematización y desarrollo por parte de la doctrina y estudiosos del derecho, en especial de los conceptos recogidos en los fallos proferidos durante los últimos 15 años.
其他摘要：In Colombia, the land transport sector has grown exponentially, to extent that both the structure, activity and the profits had to be studied and regulated by the State, in order to balance public and private interests at stake.The factual situation outlined in the previous paragraph has allowed the state to vigorously strengthen its intervention through the punitive power of the administration, which is nothing more than an instrument through which the state punishes behaviors that violate the committed state advocated by the 1991 Constitution and the laws that develop and regulate the public land transport service. However, the practice of this power to punish is to counterbalance respect for due process of the investigated and punished, which obliges the state to respect procedures and principles for its decisions in accordance with law.Despite, the apparent conceptual clarity outlined, there is a gap unified doctrinal development on the subject, which has led to their unification and development through to case law by the Constitutional Court, in the Court below, and the Colombian State Council, in forward the Council, who through their criteria have been deserving characterization and development by outlining the doctrine and legal scholars, especially the concepts embodied in the judgments uttered during the last 15 years.
关键词：Transporte terrestre automotor;potestad sancionatoria de la administración;derecho al debido proceso;servicio público de transporte.
