摘要：La Acción Popular1 como mecanismo de origen constitucional, ha generado en el ordenamiento jurídico colombiano importantes decisiones derivadas en la búsqueda de garantías de los derechos colectivos previstos en la Ley 472 del 98, conllevando importantes cambios al interior del derecho administrativo y en"' especial en lo que concierne a la procedencia de ésta acción constitucional frente a hechos derivados de los Contratos del Estado que vulneran o amenazan derechos e intereses colectivos, como lo es la moralidad administrativa2 y el patrimonio público.
