摘要：El Estado venezolano, a comienzos de los años 90 del siglo pasado, desde el contexto de una economía neoliberal impulsa, en los veinte años siguientes, la creación de asociaciones civiles llamadas Organizaciones Comunitarias de Viviendas. En muy breve tiempo, contrariando el espíritu inicial del modelo, las OCV comenzaron a no ser promovidas por familias necesitadas de vivienda, sino por empresas constructoras que colocaban terrenos de su propiedad como garantía prendaria, y mediante gestores, se inscribían las familias interesadas, a cambio de un pago. Posteriormente, las comunidades organizadas por este medio, casi que, invariablemente, eran defraudadas en sus expectativas, cuando las empresas, que obtenían el financiamiento para la construcción, desviaban el dinero para su rendimiento en la banca y el mercado de divisas. Luego, estas empresas constructoras prolongaban artificialmente los plazos de ejecución de la obra, hasta abandonarlas definitivamente por reiterados incumplimientos. Entonces, el Estado se quedaba con unos terrenos, unos trabajos iniciales de obras y una inmensa cantidad de problemas de viviendas sin resolver.
