El Tratado de Lisboa, que recoge la mayoría de las novedades de la Constitución para Europa, supone algunos cambios para la gobernanza económica de la zona euro. Afectan al Banco Central Europeo (BCE), al reparto de poder entre el Ecofin y el Eurogrupo y entre los países miembros de éste, así como al papel de la Comisión en la política fiscal y en la política de reformas estructurales. Como en el resto de pasos de la integración europea, se trata de cambios marginales que, en conjunto y a largo plazo, consolidarán el poder de los países grandes que son miembros del euro.