España cuenta con un eficiente sistema de provisión de infraestructuras, que proporciona un amplio abanico de posibilidades, dentro del cual la participación de sector privado ocupa un lugar cada vez más relevante. El contar con un avanzado y sólido marco legislativo, con una Administración pública eficiente, con un marco político y económico estable y con un sector empresarial dinámico y competitivo ha posibilitado que las concesiones de infraestructuras y equipamientos públicos hayan experimentado un crecimiento notable en España en los últimos años. Concretamente, la eficiencia en los procedimientos de licitación y adjudicación de concesiones dotan al sistema de gran agilidad y seguridad jurídica, que hacen posible mantener la tensión competitiva a lo largo de todo el proceso.