Sobradas son las razones que justifican los constantes recrudecimientos de la legislación cubana, a fin de sancionar conductas que además de afectar la colectividad, crean un estado de inseguridad nacional, al referir cuestiones tan sensibles y dañinas en una sociedad como el uso de las drogas, la prostitución y otros comportamientos despreciables. Por lo que, lejos de valorar las causas que propiciaron la promulgación del Decreto Ley 232, de fecha 21/1/2003, por el Consejo de Estado, “Sobre la Confiscación por hechos relacionados con las drogas, actos de corrupción o con otros comportamientos ilícitos”, nuestra intención es su observación puramente jurídica a la luz de las garantías procesales establecidas en nuestra Constitución. Reiteramos nuestro interés puramente legal, partiendo de los fundamentos de teorización expuestos en nuestro preámbulo, sin politizar los motivos de su aprobación y aplicación.