Ecuador vive desde hace cuatro años una intensa batalla entre el poder político y el poder que representan los medios privados, por la creación desde el gobierno de un relevante sector público informativo, con periódicos, emisoras de radio, canales de televisión y agencia de noticias, y la paulatina implantación de una legislación juzgada intervencionista por esos medios privados. El uso de la relevante publicidad institucional, y la proyectada Ley de Comunicación, sobre la que no hay consenso, agravan el panorama. Para el gobierno que encabeza Rafael Correa, esa política es una estrategia irrenunciable a fin de alcanzar una democracia real y que las minorías tengan medios para expresar su identidad.