La decisión de ampliar la mayoría de edad penal a los dieciocho años, no es una medida tan banal como parece; supondrá principalmente la creación de un sistema de justicia juvenil que replantee las medidas aplicables hasta ahora a los menores de dieciséis años, y además una revisión de las políticas sociales de infancia y juventud que posibiliten la progresiva responsabilización del menor y su consiguiente integración en sociedad. La prevención y la desjudicialización se plantean si no como panacea, si como líneas de acción prioritarias.