El presente trabajo tiene por objeto el estudio de los conceptos de funcionario público y autoridad, desde el punto de vista del Derecho Penal, a que se refiere el art. 24 del vigente Código Penal español. Se analiza, en primer lugar, y de manera pormenorizada, la interpretación efectuada tanto por la doctrina como por la jurisprudencia del concepto penal de funcionario, que no se corresponde con el existente en el Derecho Administrativo. Posteriormente se estudia la noción de autoridad, intentando destacar sus notas o rasgos más característicos, con especial consideración de la figura de los agentes de la autoridad, figura que aparece en algunos delitos de la parte especial del CP, y que no se encuentra definida legalmente a diferencia de lo que sucede con la autoridad y el funcionario público.

Se plantean aspectos varios –ámbito jurídicopenal, político, social, doctrinal- , recogidos de fuentes diversas y con reflexiones propias, sobre las consecuencias de poner en vigencia una Ley de Autoridad del Profesorado, así como una revisión del estado legal de la situación a nivel de las Comunidades Autónomas -y una mínima referencia a la situación en Europa-, dado que desde el Gobierno central no se ha propuesto hasta la fecha establecer las bases comunes de una normativa que aparece dispersa y que está creando distorsiones en la condición jurídica del profesorado según el lugar de España donde se ejerza. Tras el análisis de la cuestión, se pone en evidencia que el sentido de la promulgación de una ley de autoridad del profesorado es claramente controvertido y por ello criticable, expuesto a razones ideológicas y de efectos prácticos.