La instauración en Bolivia del régimen democrático que heredaría el descalabro de 18 años de un ciclo militar regresivo, en octubre del año pasado, dio lugar a dos sentimientos generalizados: la esperanza de que todos los problemas habrían concluido y la seguridad de contar con un gobierno fuerte y de líneas claras.

Ocho meses más tarde, ninguna de estas expectativas se ha cumplido, una suerte de desencanto y angustia empieza a corroer los sectores más lúcidos de esa convergencia unitaria, nacional y democrática reflejada en la más grande movilización popular que terminó por defenestrar a la dictadura militar. Desde la perspectiva económica, no se ven las luces que los bolivianos ansiaban; la crisis, calificada como desmoronamiento durante los últimos años de gobiernos militares, no ha podido ser frenada; al contrario, en algunos sectores, se ha agravado. En el plano social, la democracia ha abierto las compuertas de la protesta, la exigencia y el paro, por expectativas reconocidas por todos como justas, pero imposibles de resolver; un desorden social evidente ha reemplazado la esperanza del gobierno de disciplinar el país. Desde el punto de vista político, el gobierno no encuentra el camino de su transcurrir, y se debate - según la opinión generalizada entre los analistas políticos de los medios de comunicación ­, entre la improvisación, la incoherencia y el sectarismo, con evidente desmedro de su fortaleza y credibilidad