Quizá un Estado más pequeño implique una gestión más honesta, pero ello no es inevitable. Las acciones de funcionarios y particulares corruptos serán un problema incluso con una administración reducida, a menos que se las limite con cambios institucionales y reformas legislativas. En caso contrario seguirán existiendo los incentivos para dividir y privatizar los beneficios o para crear otros nuevos. Si los recortes presupuestarios producen escasez sin cambio alguno en las leyes pertinentes, una gestión gubernamental en plan de austeridad puede incluso generar más oportunidades de corrupción que una menos restringida. La combinación de funcionarios públicos mal remunerados y escasez de beneficios públicos puede aumentar la oferta y la demanda de sobornos. Por otra parte, el proceso de reducir el Estado rematando empresas públicas crea sus propias oportunidades de corrupción, aun si el resultado final es una disminución de las tendencias cotidianas.