Los Acuerdos de Paz firmados a fines de 1996 representan un test para la capacidad de cambio de las estructuras políticas en Guatemala. El reto es para todos: el Estado y la sociedad, y por supuesto incluye sus formas de relación mutua. El primer año de posguerra ha dado resultados poco alentadores sobre la sostenibilidad y la fuerza del cambio. La inseguridad ciudadana ha conquistado todos los espacios de las relaciones sociales, y junto con la precariedad económica -desocupación, magros ingresos- constituyen los indicadores básicos de la calidad o efectividad de la paz. Si no hay respuestas convincentes para estas necesidades -o angustias-, al común de los guatemaltecos poco le interesa la suerte del proceso pacificador.