摘要：Desde principios de la década de los noventa, la Teoría Económica sobre el Federalismo Fiscal ha ampliado su ámbito de estudio hacia nuevas líneas de investigación. Concretamente, una de las principales preocupaciones de distintos organismos internacionales, entre otros la del Banco Mundial, es averiguar si los procesos de descentralización en que se encuentran inmersas las principales economías en transición promueven, en cierto grado, el crecimiento económico de sus países. Posteriormente, y ante la reformulación de las ganancias potenciales que se derivan de la existencia de una organización pública multinivel, los esfuerzos de los principales economistas de esta emergente área de investigación se han centrado en verificar si, para el caso de economías avanzadas, igualmente, es posible encontrar una conexión entre los fenómenos de descentralización fiscal y crecimiento económico. Desde esta perspectiva se amplían los beneficios que entraña el establecimiento de una estructura de gobierno multinivel. En realidad, desde un plano estático, el argumento convencional, sobre la descentralización de las principales funciones económicas del Sector Público, encuentra su justificación en las mayores ganancias de eficiencia derivadas de la prestación de servicios públicos. No obstante, desde una perspectiva dinámica, el análisis se traslada a la cuestión de verificar si es posible encontrar una relación causa-efecto entre la descentralización fiscal y el crecimiento económico. Bajo este escenario, y partiendo de la necesidad de revisar las principales aportaciones teóricas realizadas por la literatura económica sobre la capacidad de los gobiernos subcentrales para generar valor añadido a sus territorios, se plantea como objetivo principal de la investigación analizar la influencia que la estructura de gobierno multinivel existente en el Estado español ha provocado sobre el crecimiento económico experimentado por las regiones españolas en el quinquenio 1997-2001. Por tanto, se pretende verificar empíricamente cómo la creciente actividad pública, ejercida por las Comunidades Autónomas de Régimen Común en el quinquenio 1997-2001, ha permitido a sus gobernantes reasignar, en la medida de lo posible, los recursos disponibles de funciones de gastos menos productivas hacia aquéllas que generan un mayor valor añadido a sus regiones.
