Las transferencias intergeneracionales deben formar parte de la discusión sobre la equidad en el contexto del rápido envejecimiento de la población de América Latina y el Caribe (ALC), especialmente allí donde los recursos sean escasos. Aunque hay datos que muestran la existencia de cierto grado de intercambio entre las viejas y las nuevas generaciones, el número creciente de adultos en comparación con las personas más jóvenes puede crear tensiones en esta relación. El número de personas de 60 años o más aumentará en los países de ALC de 42 millones en el año 2000 a 97 millones en el 2025 y a 181 millones en el 2050. Como proporción de la población total, el crecimiento será del 8% en el año 2000, del 14% en el 2025 y del 23% en el 2050. Este crecimiento creará una tensión sin precedentes en las familias, así como en los sistemas de seguridad social, los servicios de salud y otros servicios sociales. A medida que aumente la incapacidad de las familias para hacer frente a las necesidades económicas y sociales del número creciente de ancianos, habrá una demanda cada vez mayor de mecanismos formales de apoyo entre cohortes, tales como los sistemas de seguridad social y los programas de pensiones. Sin embargo, estos mecanismos son inexistentes o insolventes en muchas naciones de ALC. Una posible solución, la capitalización privada de los programas de pensiones, necesitaría más de dos décadas para ser viable y dejaría fuera a los segmentos más vulnerables de la población, como los que trabajan en el sector informal. Dadas estas tendencias, los derechos e intereses de los ancianos deben incorporarse cada vez más a las agendas políticas, sociales y económicas de los países de ALC.