Los autores realizaron una evaluación de los sistemas de salud mental en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, por medio de un grupo de indicadores seleccionados. Para recopilar la información en los países se utilizó el Instrumento de Evaluación para Sistemas de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (WHO-AIMS, por su sigla en inglés). Nicaragua, Guatemala y El Salvador tienen serias limitaciones en sus sistemas nacionales de salud mental, en especial en la atención primaria, así como una marcada insuficiencia de recursos humanos calificados. El presupuesto dedicado a la salud mental apenas representa 1% del presupuesto general de salud y los hospitales psiquiátricos situados en la capital de los países consumen más de 90% de los fondos de salud mental. Los limitados recursos (materiales y humanos) existentes se concentran en las respectivas capitales de los países. No se han formulado políticas ni legislaciones nacionales de salud mental. Sin embargo, las tres naciones cuentan con planes nacionales en ejecución. Asimismo, se ha avanzado en el diseño e implementación de programas de protección de la salud mental en situaciones de desastre. Es necesario establecer acuerdos con las procuradurías de los derechos humanos para incrementar la vigilancia y protección de los derechos humanos en las personas afectadas por enfermedades mentales. En los últimos años se han logrado impulsar algunas experiencias innovadoras que requieren ser generalizadas. La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y el proyecto WHO-AIMS han contribuido al desarrollo de modelos comunitarios de servicios de salud mental. También se identificaron prioridades y se plantean recomendaciones para la acción.

The authors evaluated the mental health systems of El Salvador, Guatemala, and Nicaragua, using a group of select indicators. The World Health Organization Assessment Instrument for Mental Health Systems (WHO-AIMS) was used to collect data from the nations. The national mental health systems of Nicaragua, Guatemala, and El Salvador have serious limitations, especially in primary care, and a marked lack of qualified human resources. Budget allocations for mental health care are barely 1% of the total health care budgets; and the psychiatric hospitals located in the national capitals consume at least 90% of those funds. The limited human and material resources available are concentrated in the respective country capital cities. National mental health policies and legislation have not been adopted; however, all three countries do have national plans in progress. Furthermore, all three have designed and implemented programs for mental health care in case of disaster. Agreements must be reached with offices for the defense of human rights to raise awareness and protection of rights for the mentally ill. In recent years, new experiences have been gained and these should be distributed more widely. The Pan American Health Organization (PAHO/WHO) and the WHO-AIMS project have contributed toward developing community models for mental health services. Lastly, priorities have been identified and action items recommended.